“Hemos estado esperando el día en que podamos solicitar un estatus legal. En esta caja están, yo espero, todas las evidencias que vamos a necesitar”, dijo Hernández, de 55 años, una migrante indocumentada de México que llegó a este país con tres niños pequeños en el año 2000.

Acababa de enterarse del plan del presidente Joe Biden de ofrecer una vía para que casi 11 millones de indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense, anunciado como parte de una amplia propuesta para reformar el sistema de inmigración del país.

El proyecto de ley permitiría a los inmigrantes indocumentados que estuvieran en Estados Unidos antes del 1 de enero solicitar estatus legal temporal después de pasar por un control de antecedentes y pagar impuestos. Como nuevos “posibles inmigrantes legales”, estarían autorizados a trabajar, alistarse en el ejército y viajar sin temor a ser deportados. Al cabo de cinco años, podrían solicitar la tarjeta de residencia.

La propuesta del presidente Biden sería quizás el proyecto migratorio más ambicioso aprobado desde 1986, cuando el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, que otorgó papeles a tres millones de personas.

Convertir a más del triple de personas en ciudadanos de pleno derecho podría abrir la puerta a uno de los cambios demográficos más significativos en la historia moderna de Estados Unidos, al sacar a millones de personas de las sombras y, potencialmente, abrirles la puerta a puestos de trabajo mejor pagados, proporcionándoles prestaciones sociales, cobertura sanitaria y la posibilidad de acceder a la Seguridad Social, al tiempo que crearía muchos nuevos votantes.

“Se trata del programa de inmigración más audaz que haya presentado un gobierno en varias generaciones”, dijo Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria. “Pero teniendo en cuenta que los demócratas tienen mayorías muy ajustadas en el Congreso, el gobierno debe moderar sus expectativas”. Legalizar solo un grupo al principio —por ejemplo, los trabajadores agrícolas— podría ser “más realista”, dijo.

La reforma migratoria se ha estancado en el Congreso una y otra vez, principalmente debido a lo que se conoce como amnistía. A pesar del refuerzo de la vigilancia fronteriza y de las sanciones a los empleadores, la reforma de Reagan no consiguió frenar la llegada de inmigrantes no autorizados.

Mientras el Congreso se debatía sobre cómo renovar el sistema de inmigración, los inmigrantes han seguido viviendo, trabajando y formando familias en Estados Unidos. Más del 60 por ciento ha residido en el país durante más de una década y tienen más de cuatro millones de hijos nacidos en Estados Unidos. Representan el cinco por ciento de la mano de obra y constituyen la columna vertebral de los sectores de la agricultura, la construcción y la hostelería.

Muchos llegaron por razones económicas. Otros huían de la agitación política y la violencia. Y aproximadamente cuatro de cada diez no entraron en Estados Unidos por la frontera suroeste. Se trata más bien de turistas, estudiantes o trabajadores cualificados temporales que nunca se fueron.

La mayor parte de los inmigrantes no autorizados es de México. Tras sobrevivir a traicioneras travesías por ríos y desiertos para llegar a Estados Unidos, encontraron una nación dispuesta a mirar más allá de las leyes que prohíben su contratación, para emplearlos en campos y fábricas, y en hogares como niñeras y limpiadoras.

Maribel Ramírez y Eusebio Gómez, de México, han trabajado en los viñedos de California desde que cruzaron la frontera hace 19 años. Lograron comprar una casa y criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos. El mayor, Eusebio Jr., de 17 años, tiene previsto alistarse en los Marines. Pero Ramírez dijo que se preguntó: “¿Por qué debería mi hijo dar su vida a un país que no valora a sus padres?”.

Los presidentes George W. Bush y Barack Obama defendieron una reforma migratoria integral con un fuerte componente de aplicación de la ley y una vía de legalización para los indocumentados. Pero todos los paquetes de inmigración que se debatieron en el Congreso —en 2006, 2007 y 2013— se estancaron.