La petrolera YPF sorprendió nuevamente al poner en práctica, antes del mediodía, un ajuste a los precios en surtidor de naftas y gasoil del 3,5 por ciento. Por la tarde, la misma medida comenzaba a ser imitada por las restantes empresas del sector.

El anterior aumento de los combustibles de YPF -del 5 por ciento– había sido puesto en vigencia el pasado 24 de enero. Es decir, que entre un aumento y otro medió un lapso de apenas trece días, acumulando entre ambos un incremento superior al 8,5 por ciento.

El precio de la nafta súper de YPF en la Ciudad Autónoma alcanzó ayer los 24,39 pesos por litro, lo que representa un incremento del 23,5 por ciento desde la primera quincena de octubre (en apenas tres meses), antes de que el Ministerio de Energía declarara la desregulación del mercado de combustibles.

 Desde el inicio del año pasado, el gobierno había alcanzado un acuerdo con las petroleras que comercializan combustibles en el país por el que se comprometía a una revisión trimestral de los valores al público. A partir de octubre, Los precios de los combustibles “pasaron a regirse por el mercado”, al decir del Ministerio de Energía y Minería, al dar por concluido, de manera unilateral, el acuerdo de precios que mantenía con las petroleras.

Conforme un comunicado de la cartera conducida por Juan José Aranguren de aquel momento, al haber alcanzado el precio internacional del crudo los 58 dólares por barril (tipo Brent, cotización en el mercado de Londres), conforme a lo previsto en el acuerdo se permitiría, a partir de entonces, “la liberación de los precios internos con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado”. 

 Hasta ese momento, el aumento de los combustibles desde el inicio de 2017 había sido del 15 por ciento. El acuerdo no escrito alcanzado por el Ejecutivo con las petroleras fue, entonces, que no se dispusieran aumentos de precios hasta la fecha de las elecciones legislativas, que se realizaron el domingo 22 de octubre.

A pocas horas de cerrado el comicio, las petroleras ya informaron el aumento del 10 por ciento que entraría en vigencia desde el lunes 23. A partir de entonces, las redes que comercializan combustibles en el país (las principales son YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil) aplicaron en forma prácticamente coincidente, otros tres aumentos: a principios de diciembre, entre la segunda y tercera semana de enero, y finalmente, el que inició ayer la petrolera con mayoría estatal.

El incremento acumulado en esos cuatro ajustes de precios desde la liberación del mercado supera el 23 por ciento, y si se considera el total de los aumentos de los últimos doce meses el salto es mayor al 40 por ciento. Por lejos, más de 15 puntos de diferencia, muy superior a la evolución del índice de precios al consumidor. 

 Los nuevos valores que fijó ayer YPF para sus precios en surtidor, en la Ciudad de Buenos Aires, son para el caso de la nafta premium Infinia, 28,29 pesos el litro (antes, 27,33);  nafta súper, 24,39 pesos (23,57) ; diesel 500, 21,52 pesos el litro (20,79) y Diesel Infinia, 25,07 el litro (24,22).

 La rápida adecuación de los precios de las naftas y el gasoil está señalando el interés de las compañías petroleras por recuperar rentabilidad, aprovechando una situación de falta absoluta de competencia en el mercado interno.

El comportamiento de las distintas compañías refinadoras y comercializadoras es prácticamente idéntico y se mueven por reflejo imitativo. En el aumento de enero, YPF fue la última en aumentar.

Esta vez, fue la primera. Pero en una y otra oportunidad, ante la primera decisión el resto acompañó de inmediato. Este comportamiento frustra las intenciones del gobierno de obtener un descenso en la tasa de inflación, al menos durante la primera parte del año en curso.

El impacto del mayor costo del transporte sobre el resto de la economía es inmediato, por lo cual es de esperar un próximo traslado a precios finales de diferentes productos. La suba de los combustibles se agrega al ya diagramado y en aplicación, en su primera etapa, de las tarifas del transporte público y de las correspondientes a los servicios de electricidad y gas domiciliarios. 

 Las autoridades del Ejecutivo, sin embargo, rechazan que esta política de liberación de precios de los combustibles sea responsable de generar mayor inflación. En oportunidad el anterior aumento, el ministro Aranguren argumentó que “la pretensión de regular los precios es lo que provoca la inflación, no la liberación de precios”, ya que esta última, más allá de las variaciones inmediatas al alza, es la que permitirá “bajar la inflación de una manera sustentable”.